El Estado dará por cerrado el "Caso GAL" con el juicio a Miguel Planchuelo el 4 de abril

Planchuelo era Jefe Superior de Policía en Bilbao. Quedan sin resolver centenares de asesinatos cometidos a instancias del terrorismo de Estado

La sección tercera de la Audiencia Nacional ha fijado para los próximos días 4, 5 y 6 de abril la celebración del ultimo caso pendiente sobre los atentados de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) perpetrados en 1984 y1986 en los bares Consolación y Batzoki de San Juan de Luz (Francia) en los que resultaron heridas seis personas. El único acusado es Miguel Planchuelo, Jefe Superior de Policía de Bilbao en esas fechas.

La Fiscalía pide la absolución para Miguel Planchuelo, que desempeñó el cargo de responsable de la brigada de información de Bilbao entre 1984 y 1986. La acusación particular solicita que se le condene por delitos de asesinato en grado de tentativa y estragos. Estos dos atentados fueron cometidos por mercenarios a sueldo de los GAL, y Planchuelo está acusado por la sospecha de que pudo financiar operación.

El tribunal, presidido por el magistrado Alfonso Guevara, ha ordenado a la Interpol la localización de dos mercenarios portugueses ex miembros de las fuerzas especiales lusas en el antiguo colonial para que acudan como testigos para declarar por estas dos acciones terroristas.


Terrorismo a cuenta del Estado Español

Durante la dictadura de Francisco Franco, a partir de 1939, se practicó el terrorismo de Estado, donde, entre otras atrocidades, se fusiló a más de 50.000 ciudadanos por diferencias políticas, etc. y encarcelaron otros cientos de miles.

Finalizada la dictadura se produjeron numerosos casos del denominado terrorismo tardofranquista hasta principios de los años 80. Operaron bajo diversos nombres como la Alianza Apostólica Anticomunista (AAA o "Triple A"), Antiterrorismo ETA (ATE), Grupos Armados Españoles (GAE), Guerrilleros de Cristo Rey, Batallón Vasco Español (BVE) y otros de menor resonancia, como los Comandos Antimarxistas, esencialmente dedicados a la violencia callejera contra personas de ideas contrarias. En palabras de un antiguo militar que formó parte de estos grupos, «eso sólo son siglas, nombres que van saliendo y que se van utilizando conforme se necesita». La tutela de los atentados la tenían agentes del servicio secreto SECED (Servicio Central de Documentación), con dinero y manos libres para actuar al margen de la ley.[13] Como consecuencia de sus acciones resultaron muertas entre 15 y 40 personas, desde militantes de ETA hasta abogados laboralistas de izquierdas (la "matanza de Atocha") o sindicalistas de la CNT (Caso Scala), pasando por los carlistas asesinados en 1976 durante los denominados sucesos de Montejurra, y ciudadanos que no tenían ninguna relación con la política. Fueron justificados como medios de acción contra organizaciones armadas como ETA o el conjunto del Movimiento de Resistencia Antifascista(principalmente el PCE(r) y los GRAPO), pero en la práctica actuaron contra miles de personas militantes de agrupaciones políticas de izquierdas o a título individual.

Estos grupos estaban constituidos por elementos civiles, policías y militares, que afectos al régimen anterior, pretendían asegurar el cambio político en España pero manteniendose como parte esencial de la estructura del Estado, cosa que finalmente consiguieron, dado que sus estructuras no han sido desmanteladas. Los grupos tuvieron vínculos más o menos estrechos con organizaciones terroristas neofascistas europeas y americanas y también con grupos derechistas legales como Fuerza Nueva.

Su objetivo era eliminar a quienes consideraban "enemigos de la Patria" y quienes contribuyeran a la desestabilización de la "naciente democracia". Conforme ésta fue consolidándose con las estructuras franquistas intactas, y tras el fallido golpe de Estado del 23-F, estos grupos fueron incorporándose paulatinamente al nuevo ciclo que el terrorismo de Estado iba a protagonizar con la asunción del PSOE al Gobierno. En 1982 se pueden considerar desaparecidos. Se cree que muchos de los antiguos militantes del terrorismo tardofranquista fueron utilizados para constituir los primeros Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que actuaron durante los gobiernos de Felipe González.

Otros episodios de terrorismo de Estado tuvieron lugar el 15 de enero de 1978 en Barcelona. Ese día se produjo la muerte de 4 personas durante un incendio en una conocida discoteca de la ciudad, sucesos conocidos como Caso Scala, en el cual supuestamente el Estado lleva a cabo acciones para desestabilizar el creciente movimiento anarquista en Cataluña.

También en 1978, Antonio Cubillo líder del MPAIC, organización independentista canaria, resultó gravemente herido en un atentado en su domicilio en Argel, la víspera de su asistencia a la ONU para hablar de la cuestión colonial canaria. Las diligencias judiciales sobre dicho atentado consideraron probado fue organizado desde instancias del Ministerio del Interior español.

Asimismo, hay centenares de casos de asesinatos que, encuadrados bajo la etiqueta de "estrategia de la tensión" y que tenían como responsables a personajes y figuras relevantes del personal de seguridad del Estado o de organizaciones ultras, nunca fueron investigados a fondo y en la práctica han sido protegidos.